La Clínica de Acción Legal del PUDH de la UNAM y el IMUMI hacen un llamado a la SCJN para poner fin a las revisiones arbitrarias que vulneran los derechos humanos de personas mexicanas.

Ambas instituciones coinciden en la importancia de que la SCJN se pronuncie en contra de que agentes migratorios juzguen la nacionalidad y el estatus migratorio de una persona por su aspecto, lo que es discriminatorio y humillante.

La Clínica de Acción Legal del Programa Universitario de Derechos Humanos de la UNAM y el Instituto para las Mujeres en la Migración, AC (IMUMI) hacen un llamado a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para que ponga fin a las revisiones migratorias arbitrarias que vulneran los derechos humanos.

El próximo miércoles 14 de agosto, la SCJN tendrá la oportunidad de sentar un precedente muy importante sobre la discriminación a la población mexicana, por parte de agentes migratorios durante las revisiones migratorias en carretera que sólo se pueden realizar a extranjeros, al discutir los artículos 16, fracción II, 17, 20, fracción VII, 97, primer párrafo, 98 y 99 de la Ley de Migración.

Durante la discusión de las y los ministros de la SCJN, las preguntas centrales serán, de acuerdo con la Ley de Migración, ¿cómo sabe un agente migratorio, con sólo mirar, que una personas es mexicana o extranjera, y en consecuencia revisarla? y en un país tan diverso, ¿cuál es el concepto de persona mexicana para los agentes de migración?

Hoy en día, la respuesta es arbitraria y queda a criterio de las autoridades. Esto significa que si un agente del Instituto Nacional de Migración (INM) detiene un autobús o un vehículo y piensa que una persona a bordo “no se ve como mexicana”, esa persona puede ser deportada del país.

Esto da pie a detenciones arbitrarias de personas mexicanas. Por ejemplo, en septiembre de 2015, en Querétaro, agentes migratorios detuvieron a un grupo de indígenas tzeltales de Chiapas, dos mujeres -una de ellas menor de edad- y un hombre, por “no parecer mexicanas”. Ninguna hablaba español. Tras su detención fueron llevadas a una estación migratoria. Durante varios días fueron sometidas a tratos crueles, inhumanos y degradantes, con el fin de que admitieran ser de Guatemala.

La Clínica de Acción Legal del PUDH de la UNAM y el IMUMI han litigado este caso desde 2015. Cuatro años después, la SCJN estudia el amparo en revisión 275/2019, en el que se reclamó la inconstitucionalidad de diversas disposiciones de la Ley de Migración que facultan al INM a realizar revisiones migratorias en puntos distintos a los oficiales de entrada internacional, permitiendo la detención y deportación de personas mexicanas “que parecen extranjeras”.

El efecto estigmatizante y discriminatorio de estas disposiciones legales afectan a todas las personas que transitan por el país, incluídas las mexicanas, aún si la Constitución señala que las y los mexicanos no están obligados a portar una identificación para transitar libremente por su propio país.

De aprobarse el proyecto, se repararía el daño hecho a las víctimas de este caso y sería el primer paso para la no repetición, ya que sin importar que una persona compruebe o no su nacionalidad mexicana, si para los agentes migratorios esos documentos no son válidos o piensan que la persona “parece extranjera”, se iniciará un proceso para deportarla.

Como antecedentes, en diciembre de 2015, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió la Recomendación 58/2015 en el que señala la discriminación por agentes del INM a 15 personas mexicanas al confundirles con extranjeras. En todos los casos, aunque sucedieron en diferente tiempo, lugar y todas mostraron documentos de identidad mexicanos, se les discrimino por su apariencia. En mayo del 2016, la CNDH emite la Recomendación 22/2016 con 4 casos más.

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